Venezuela en estado de excepción y sin Constitución

Los habitantes de Venezuela se han quedado sin el amparo de la Constitución y de las principales instituciones que la deben resguardar y aplicar, como por ejemplo, el Poder Judicial. El Presidente de la República desde enero de 2016 ha declarado 5 veces el estado de excepción por razones económicas y los ha prorrogado todos (menos el último porque acaba de entrar en vigencia) y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia los ha declarado todos constitucionales, incluso sus prórrogas.

Frente a esta realidad, los medios suelen decir que el Presidente dictó un solo estado de excepción, que ha sido prorrogado ya siete veces.

Como sea que se interprete esta situación tan anómala, Acceso a la Justicia debe destacar que en cada uno de los nuevos estados de excepción decretados, el Presidente de la República se autoatribuye cada vez más poderes y la consecuencia de ello es que a medida que pasa el tiempo actúa de manera más descontrolada y violatoria de los derechos humanos. De hecho, cada día hay más militares y policías en la calle al servicio del poder y no de los ciudadanos.

Adicionalmente es importante resaltar que el decreto del último estado de excepción tiene los mismos problemas de constitucionalidad que los anteriores:

  1. Supera el tiempo de duración permitido por la Constitución, porque, aunque diga que dura 60 días como esta establece, la misma no permite que un estado de excepción dure más de 120 días y al decretarse este último ya habían transcurridos 420 días en esa situación de excepcionalidad, por lo que se continúa violando la Constitución.
  2. No establece claramente cuáles son las garantías restringidas y sus límites, como exige la Constitución. Es más este último estado de excepción se refiere expresamente a que restringe todas las garantías constitucionales, salvo las que la Constitución prohíbe limitar, que de todas formas el Ejecutivo igualmente viola todos los días, como el debido proceso y el derecho a la manifestación pacífica con las aprehensiones y detenciones que hace durante esos actos de protesta ciudadana.
  3. El Presidente en su decreto continúa usando la excepción como el medio adecuado para resolver la crisis existente, cuando la Constitución prohíbe hacerlo si no es estrictamente necesaria, y es muy obvio que no lo es después de casi año y medio en que la crisis más bien se ha ido agravando; de hecho, todos los decretos y prórrogas en la materia reconocen en su artículo 1 que la crisis persiste con lo que se reconoce el fracaso mismo de la medida.

Ahora bien, respecto del nuevo decreto hay dos visiones. La de los juristas que consideran que no contiene cambios importantes en la medida en que los decretos son una suerte de cheque en blanco al Presidente de la República, ya que no establecen cuáles son los derechos limitados y las medidas que se van a tomar como exige la Constitución y además porque dan potestades muy amplias al Presidente, sobre todo, en materia presupuestaria.

En cambio, los medios de comunicación y las ONG han advertido que este último decreto es más preocupante que los anteriores porque el Ejecutivo se otorga aún más poderes.

A criterio de Acceso a la Justicia lo que ocurre es que en este decreto el Presidente recoge las potestades que le ha dado el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus sentencias desde la elección parlamentaria de diciembre de 2015, incluso la de la sentencia Nº 155, que fue supuestamente modificada, que le permitía dictar las medidas en el orden social, económico, político y jurídico que estimara convenientes.

Adicionalmente, el decreto expresamente dice que el Presidente de la República, por decisión propia, va a hacer caso omiso, de las sanciones y suspensiones, de la Asamblea Nacional, así como las aprobaciones o autorizaciones que esta le debe dar según la Constitución, que entendemos es lo que realmente persiguen estos decretos.

A esto se añade que el decreto establece que están restringidas todas las garantías constitucionales (salvo las que la Constitución prohíbe limitar).

Es obvio que este decreto elimina la Constitución y esto no es de extrañar en vista del anuncio del Presidente de convocar a una Constituyente sin elecciones populares para cambiar el texto constitucional a su medida.

Aunque la Asamblea Nacional no aprobó este decreto, por lo que según la Constitución no está vigente, lo que ha ocurrido desde que empezó el año pasado esta práctica inconstitucional del Presidente de la República, es que el Tribunal Supremo de Justicia la ha avalado. Esperamos, sin embargo, que la Sala Constitucional no actúe esta vez de esa manera y empiece a ejercer su verdadero rol.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El decreto de excepción mantiene la misma política económica y financiera que nos ha llevado a la ruina y a la crisis actual, lo que significa que esta última se va a seguir profundizando. Además, da todo el poder del Estado al Ejecutivo y expresamente se desconoce a un órgano electo popularmente recientemente, que es la Asamblea Nacional.

También te quita tus derechos, ya no solo de hecho, sino de derecho, es decir, por un medio jurídico expreso, como es el decreto. Sin duda este es un peligro para todos los habitantes del país, porque sin el amparo de la Constitución, no tenemos derechos, y frente a un Ejecutivo que cree que puede hacer lo que quiere con la complacencia del Poder Judicial, tampoco tenemos protección, aún menos tomando en cuenta la creciente militarización a la que estamos siendo sometidos y el abuso de poder que muestran los cuerpos de seguridad del Estado, tanto civiles como militares por orden del propio Presidente de la República.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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A la opinión pública : En un año, Maduro convirtió la excepción en regla, agudizando la represión

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestro rechazo a la continuidad del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El 13 de mayo del 2016, determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto, constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia.

Recordamos además la inconstitucionalidad del mismo, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo.

Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado.

Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización. Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país.

Exhortamos formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica.

Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos.

Suscriben:

Acción Solidaria (ACSOL)

Acceso a la Justicia

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la universidad Católica Andrés Bello

Cecodap

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro Justicia y Paz – CEPAZ

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara

Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Mérida

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite A.C.

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES

Fundación Agua Clara

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

María Estrella de la Mañana

Movimiento Vinotinto

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ObservatorioULA DDHH)

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de la Salud (OVSalud)

PROMEDEHUM – Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Proyecto de Educación, Visibilización y Exigibilidad de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo

Padres Organizados de Venezuela

Proyecta Ciudadanía A.C.

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad (UVL)

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Un Mundo Sin Mordaza

Venezuela Diversa A.C.

Ligia Bolívar O.

Centro de Derechos Humanos

Universidad Católica Andrés Bello

UCAB- Final Av. Teherán, Edf. Cincuentenario, Piso 5

Caracas 1020, Venezuela

+58 212 407-4434

www.ucab.edu.ve/cddhh.html

Facebook: Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 

@CDH_UCAB 

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La “muerte” de la democracia en Venezuela

“No niego los derechos de la democracia; pero no me hago
ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos
mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo”
Henri-Frédéric Amiel

Sin duda alguna que el día 20 de octubre de 2016 será recordado como el “jueves negro” para la democracia del país. El Consejo Nacional Electoral (CNE), al suspender la recolección del 20% de las firmas para la activación del referendo revocatorio presidencial por medidas cautelares decretadas por cinco tribunales penales estadales, arrebató a los venezolanos este mecanismo pacífico y constitucional para restablecer la institucionalidad perdida, entre otros, por la continua declaratoria de estados de excepción del el Presidente de la República y la más reciente suspensión de todos los actos pasados e incluso futuros de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia.

Frente a este nueva decisión del CNE, Acceso a la Justicia quiere en primer lugar llamar la atención sobre algo que es evidente: los tribunales penales de los estados Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar no tienen competencia sobre la materia electoral, y aun así decidieron resolver algunas denuncias de “fraude” que fueron presentadas en relación con la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad, realizada durante los días 22, 23 y 25 de junio de este año.

En segundo lugar debe preguntarse, ¿por qué el CNE suspendió el proceso revocatorio si el supuesto fraude no afecta la validez del 1% de la firmas, necesario para ir a la siguiente etapa del revocatorio? No hay relación de causalidad alguna entre las decisiones de los tribunales penales y la suspensión del revocatorio.

En tercer lugar, se hacer notar que el 1º de agosto de 2016 el Poder Electoral aprobó el informe relativo a la validación del 1% de las firmas, por lo que las decisiones de los tribunales penales desconocieron abiertamente la naturaleza y alcance de los actos de un poder público, lo que viola el artículo 131 de la Constitución.

En cuarto lugar, Acceso a la Justicia llama la atención sobre el hecho de que tratándose de la materia electoral, debe regir sobre esta el principio de la conservación del acto, reconocido por la propia Sala Electoral del TSJ, que postula que no toda irregularidad cometida a lo largo de un proceso electoral tiene relevancia, sino únicamente cuando afecta al resultado final, y como el supuesto fraude no afecta el 1% para la activación del mecanismo del referendo revocatorio, pues el proceso no debía ser suspendido. En este sentido, esa Sala en sentencia N° 86 de fecha 14 de julio de 2005 señaló que “…debe tenerse por válido y eficaz el acto dictado por la Administración Electoral, en esta especial materia existe un principio fundamental, que es el referido a la conservación del acto electoral y el respeto a la voluntad de los electores…”. Esto es lógico, ya que este principio busca privilegiar la preservación de la voluntad popular (artículos 3 y 5 de la Constitución) expresada en los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en el texto constitucional y en las leyes, lo que es clave para que haya democracia en un país.

En razón de lo anterior, la decisión del CNE de suspender la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba pautada para los próximos días, parece desconocer la validación que llevó él mismo a cabo, así como el principio de la conservación del acto electoral y la voluntad popular.

En vista de lo anterior, es evidente que los jueces penales actuaron al margen de la Constitución al no constatar la incidencia de la presunta denuncia de “fraude” a la luz del principio antes expuesto. Sin embargo, en nuestra opinión es el CNE quien actuó con mayor irresponsabilidad por ser el órgano rector electoral, dejando sin protección a cada una de las voluntades de los venezolanos que se expresaron por la activación del referendo revocatorio presidencial con el 1% que el mismo CNE impuso a través de su normativa, siendo además que como ya se advirtió era un paso innecesario según la Constitución, que solo exige el 20%.

Esta nueva decisión del CNE hace aún más evidente que ya no cumple con su verdadera misión y función como garante de los derechos políticos de los venezolanos. No cabe la menor duda de que esta última actuación del CNE es perjudicial para la vida democrática del país.

Acceso a la Justicia llama a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a revisar este acto del CNE a la luz de lo establecido en su propia jurisprudencia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La decisión del CNE se considera el golpe de gracia de sus actuaciones de los últimos meses, porque puede ser el punto de partida que impida a los venezolanos vivir en democracia. En efecto, si el órgano rector de las elecciones y la participación ciudadana no vela por el cumplimiento de estos derechos, y tampoco el máximo tribunal del país, como demostró hace unos días con la decisión de cambiar la Constitución y obligar a que la recolección del 20% fuera por Estado y no a nivel nacional como dice la Constitución, pues es difícil que en Venezuela haya alternabilidad ni pluralismo político, que son requisitos mínimos de una democracia.

Además, mientras no exista el verdadero ejercicio de la libertad democrática no viviremos en paz, y seguirá el conflicto político e institucional que nos está llevando cada vez más a la impunidad, a la criminalidad, a la anarquía y a la pobreza.

De hecho, este tipo de decisiones parecen indicar que para las autoridades gubernamentales, con el apoyo del Poder Judicial y el Poder Electoral, la paz no es el objetivo a alcanzar; si los conflictos y las diferencias no son resueltos mediante las elecciones, los mecanismos establecidos de participación política o ante los tribunales, no puede haber paz.

A este respecto resulta muy oportuna la afirmación de , jesuita venezolano designado Superior General de la Compañía de Jesús: “…cuando no hay espacio público, cuando no hay capacidad política de ponerse de acuerdo, de encontrar vías de solución a los conflictos, ¿qué sucede? Sucede la violencia o la guerra”.

Publicado por Acceso a la Justicia 

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Boletín Internacional de Derechos Humanos | Democracia en excepción

Provea presentó este 01.06.2016 una edición extraordinaria de su Boletín Internacional sobre Derechos Humanos, referido exclusivamente al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo venezolano, y las implicaciones del mismo para el respeto a la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.

Provea, junto a la coalición de organizaciones de Derechos Humanos “Foro por la Vida” ha afirmado que el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, constituye una ruptura del hilo constitucional en el país que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana, al intentar legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos.

Puedes descargar el Boletín Internacional extraordinario en versión PDF AQUÍ

Recuerda que los venezolanos en el exterior pueden hacer mucho por los Derechos Humanos en nuestro país:
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Si quieres hacer comentarios o sugerencias sobre temas o mejoras para el Boletín, escribe al correo: investigacion@derechos.org.ve

Publicado por Provea 

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